“Esta policía es desaparecedora, matan a golpes”

Por Patricia Chaina

La violencia policial en la provincia de Chubut, denuncias y excusas

“A mi hijo Axel, de 14 años, se lo llevaron cuando salió a hacer los mandados, y los vecinos avisaron que se lo llevó un patrullero”, recuerda Liliana, una vecina del Barrio Inta, una zona alejada del centro de Trelew. Cuando Gabriel Fredes, el padre de Axel, lo fue a buscar a la comisaría “estaba maniatado y lo habían golpeado, le decían que era porque su familia denunciaba” cuenta Liliana. Hace un año, a Gabriel Fredes le dispararon con balas de gomas cuando salió a cerrar el portón, a medianoche. “Más de diez disparos le dieron, por eso denunciamos” explica Liliana. Ella trabaja en el hospital. Su marido es oficial albañil, y fue atacado por la policía provincial, en un operativo de control del aislamiento en junio del año pasado.

“Mi hijo salió fuera de horario, sí, pero ya era alevoso el hostigamiento con nosotros –afirma Verónica, otra vecina del Barrio Inta–, y cuando él volvía, cuando iba entrando a la casa lo atropellaron con las motos y lo empezaron a golpear, 18 años recién cumplidos tiene, yo salí a defender a mi hijo, y me dieron también. Ahí, esa noche, nos enteramos que lo habían atacado también a Gabriel”, recuerda. Ella trabaja como empleada doméstica en Trelew desde que por la pandemia tuvo que dejar su trabajo en un comercio en la localidad de Gaiman.

Al Barrio Inta las fuerzas de seguridad lo definen como “una zona caliente” por el nivel “de delitos que presenta”, afirman. Pero desde los organismos de Derechos Humanos, que desde hace más de un año presentan denuncias por casos de abuso policial, la visión es otra: “esta policía es desaparecedora, matan a golpes. Aparecen ahorcamientos en las celdas”, explica Mariela Flores Torres, historiadora, integrante de la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, y concejala en Trelew por el partido vecinalista XTW (Por Trelew).

La violencia policial fue visiblizada en las últimas semanas, a partir de un video de instrucción policial donde “los cursantes” arengaban contra los “piqueteros”. Esto sacó a la luz una serie de casos de abuso de autoridad que ostenta un lamentable historial de más de una década y colocó en el foco del conflicto al Ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, abogado, y actual candidato a senador por la alianza oficialista Chubut Somos Todos (CHUSOTO). La evidencia de “mano dura” y sus trágicas consecuencias, hoy divide hoy a la población chubutense.

Escenario complejo

La provincia de 600.000 habitantes muestra un escenario complejo: los centros urbanos como Trelew y Comodoro Rivadavia suman asentamientos que desde hace años crecen sin planificación. Desde Rawson, la capital, la gobernación de Mariano Arcioni trata de articular acciones sobre las urgencias: los problemas de tierras, con tomas y asentamientos consolidados, la presencia latente de la megaminería. Hoy esto se ha detenido por un amparo interpuesto por “las comunidades indígenas en la zona de la meseta”, que impide cualquier acción sin consulta previa con la población, según detalla el abogado Juan Manuel Salgado a Página/12. A esto se suman las acciones de violencia institucional nacionalizadas en las últimas semanas. Y tensa el panorama de cara la lucha electoral que se avecina.

Las “ocupaciones”, se dan tanto en asentamientos urbanos como en la cordillera, entre estas últimas, se destacan los terrenos que fueron incendiados al final del verano en Lago Puelo. El escenario de las luchas indígenas por la recuperación de sus lugares ancestrales se enmarca en estos procesos, incluida la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en un operativo de Gendarmería sobre un corte de ruta en las cercanías de la Lof Cushamen.

Muchos consideran que el gobierno de Arcioni “está deslegitimado”. La reivindicación de la megaminería en la provincia, luego de accionar de las asambleas, fue repudiado por parte de las víctimas de los incendios, que reclaman soluciones habitacionales. En ese contexto, aparece el enemigo interno: “el delincuente”, que habilita “mano dura”. Y Chubut se convierte en un espacio para la doctrina represiva que expresó su policia durante estos operativos de control de pandemia.

Los movimientos sociales, las asambleas ambientalistas, los grupos indígenas, son el blanco de este accionar. “La policía es brutal hace tiempo, pero en pandemia se unificó el criterio violento sobre los barrios”, analiza Salgado, el abogado que fue defensor público. Sin embargo, “la violencia policial fue tolerada pero no aplaudida” por la sociedad chubutense. Esto se explica en parte porque la violencia policial era sistemática pero tradicional, el corte político llega contra las asambleas ambientalistas. Y desde allí se expande. A esto se suma, la falta de contención social evidente en diversos estratos: no hay psicopedagogas en las escuelas, no hay bibliotecas populares en los barrios.

Barrio Inta

Liliana, la esposa de Gabriel y mamá de Axel, trabaja en el hospital zonal. Su hijo de quince años trabaja en un mercado. Fue detenido a las seis de la tarde. Entre las acusaciones, se le imputó la denuncia que la familia hizo un año atrás, cuando su padre fue herido por las fuerzas policiales en un operativo de control. El motivo: “salir a ver qué pasaba cuando torearon los perros”, dice Liliana. Eran las 12:50 del 15 de junio, y Fredes, quien presta su casa para que la cooperativa de jóvenes que trabaja en pequeños arreglos de calles en el barrio pueda dejar sus herramientas y materiales, fue herido con balas de goma en la cara y en los brazos.

Desde el inicio de la cuarentena estricta los casos de abuso se multiplicaron: “recibíamos más de 40 denuncia diarias”, señala Flores Torres. El habeas corpus presentado y que continúa vigente, fue aprobado el 20 de abril. Y solicitado por la Comisión contra la Impunidad, por la Defensoría pública provincial, y por la Secretaria de DD.HH. de la Nación.

En los controles de pandemia, los operativos incluían las protocolares: reducción horaria, “toque de sirena”, y las salidas con DNI. “Pero se extralimitaron, llevaban detenidos a todos los que podían, a escuelas o a gimnasios”, describe Flores Torres. Una señora que limpiaba la vereda, una señora que salió a dejar la basura, las detenciones arbitrarias se suman. “¡Y los ponían en aglomeración!” reclama la consejala.

Entre quienes tejen la red solidaria en los barrios más lejos del centro, se recuerda un mensaje que se le escapó al control policial a comienzos de la pandemia. El Director de Seguridad de la provincia, comisario Paulino Gómez, envía un audio al jefe de la Comisaria Primera: “Zabala, tratá de meter gente en cana” le pide. Según el audio, por indicación del ministro Massoni. “De última los demoran en el lugar, hacés el acta ahí, o lo llevás un minuto a la Comisaría. Sacá los Pucará para que encuentren gente que ande ‘chimangueando’”. Fue denunciado. Pidió disculpas. Y Arcioni lo confirmó en su cargo argumento en declaraciones públicas que “sus palabras no tienen nada de malo”.

El lugar del ciudadano

“No tengo muchos estudios –anticipa Gabriel Fredes, en la charla con Página/12–, pero tengo derecho a reclamar, trabajo 12 horas por día y nunca tuve antecedentes con la policía”. El único incidente que recuerda, en relación a abusos policiales, es haber visto como la policía le pegaba a un chico. “Le pegaban tanto que daba bronca, y les dije: ¡dejá de pegarle al pibe! Me alumbraron con la linterna. Después ese chico, se quitó la vida”.

“Cuando lo que tienen que hacer es cuidar los ciudadanos, se dedican a decir que somos delincuentes, y nos atacan, los vecinos tienen miedo, y somos gente de trabajo, no se entiende”. Verónica pide protección. Muestra el desamparo civil en que se encuentran. “Dicen que criamos delincuentes, pero es racismo, porque a otros que agarran, en el centro, con tremendas plantas de marihuana no les hacían nada” dice Verónica. “Hay que tener apellido para que no te hagan nada”, coincide Liliana.

“Somos mamá de estos chicos, nos queda mucha bronca porque les pegan solo para mostrar su fuerza, esta no es una policía en que se pueda confiar, y yo que les dejaba estacionar la camioneta en mi vereda”, lamenta Verónica. La denuncia por aquel 15 de junio se hizo en fiscalía. Fueron varias personas juntas. Las ayudó Mariela Flores Torres. Fueron con miedo, pero era eso o seguir con miedo, esperando “algo peor”. Verónica estuvo con atención psicológica. También sus hijos: “Pol recibió 16 perdigonazos, y estaba tomando mate esperando a su hermano”, cuenta.

Ante la denuncia efectuada también en el Consejo Deliberante por la concejala Flores, Massoni responde con otra denuncia sobre la denunciante. “Es un hombre grande, que podría hacerse amigo de los pibes, no son delincuentes, y sí las ‘banditas’ que cuentan con la complicidad policial para apropiarse de terrenos en estos barrios”, razona otro de los entrevistados del Barrio Inta.

“A mí me jodieron la vida, ya con este brazo no puedo hacer fuerza” concluye Fredes al recordar el ataque. Que incluyó un allanamiento porque “supuestamente tenía un arma”, y el robo de “algo de dinero” detalla. Los ataques “ocurrían todo el tiempo”. Pero ante las denuncias, los operativos con ese nivel de violencia cesaron. El estigma de “delincuente” queda. “Mienten, te difaman, da impotencia” cuenta Fredes. Contra eso batalla, junto a las organizaciones de DD.HH. que tienden su trama solidaria.

La versión oficial

“Vamos a estar todos los días acompañándolos, y es porque ustedes se juegan la vida cada día”, les dice el ministro de Seguridad Federico Massoni a los mandos policiales en un acto en la Jefatura de Policía de la Provincia, este viernes por la mañana. El motivo es la entrega de uniformes para las fuerzas. Entre los asistentes, están las administrativas, las costureras, algunos familiares de los efectivos presentes. “Tenemos la obligación de protegerlos y darles uniformes”, continuó el ministro. Luego afirmó: “el covid impactó y los primeros en salir a luchar fueron ustedes, por eso es el orgullo que despiertan en mí”.

“Vamos a hacer respetar la propiedad privada” afirmó luego Massoni, ante la prensa al terminar el acto. “Vamos a volver a la cultura del respeto”, agregó. Habló de la necesidad de dar intervención inmediata en la zona de Esquel, donde él ve “la necesidad de hacer política con el problema habitacional”. Las ocupaciones son un problema provincial, reconoció, y su propósito es “seguir haciendo cada vez más segura a Chubut”.

Ante la consulta de este diario sobre el violento accionar policial evidenciado en las últimas denuncias, el ministro de Seguridad sostuvo que se trata de mentiras. “Son difamaciones de denunciadores seriales”. Sobre el caso de Fredes, sin embargo, puntualizó: “Se está siguiendo una investigación por el ataque a Fredes, y si la justicia lo indica, se harán responsables los agentes que participaron, por parte de este Ministerio estoy a disposición de lo que requiera la justicia”.

Sobre los operativos en pandemia Massoni sostiene que hubo mucho control. Y “se llegó a siete mil detenciones”. Celebra el bajo índice de contagios por coronavirus, y afirma que muchos de los casos denunciados como ataques “son casi todos por delitos de tenencia de armas de fuego”. Luego de lo cual, se dispuso al segundo acto previsto para la mañana: la despedida del comisario general Marcos Morales, quien se retira después de treinta años de servicios.

El canto “anti-piquetero”, viralizado estos días, Massoni afirma: “ese video surge porque los cantos son parte del folklore de una instrucción”, agregaría luego el ministro de Seguridad ante Página/12. “Estamos transparentando la vida policial y en ese marco hacemos un análisis profundo de lo que es un piquetero, y es gente que está cometiendo un delito”, sostiene. Si en el cántico, en lugar de “piquetero” hubieran dicho “delincuentes”, para él “este problema no existiría”. La protesta está habilitada, pero no realizando un delito, insiste Massoni, y descarta de plano que la “mano dura” sea parte de su campaña para una banca en el senado. “No es campaña, es gestión”, enfatiza.