La Fundación Chocobar, denunciada por trucha

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El policía condenado y su abogado se muestran al frente de una “fundación” que protege los “derechos humanos de miembros de fuerzas de seguridad”. Recibe donaciones, pero no está habilitada legalmente.

Por Carlos Rodríguez

El inspector general de Justicia Ricardo Augusto Nissen presentó una denuncia penal contra los responsables de la llamada “Fundación Chocobar” por “la posible comisión de delitos de acción pública”. La medida se debe a que la supuesta fundación, encabezada por el policía Luis Oscar Chocobar, nunca fue registrada ni tiene autorización legal para funcionar como tal. Los responsables del posible delito son, además de Chocobar, los abogados Fernando Soto, Luis Cevasco y Ricardo Daniel Galeano, según la denuncia presentada en la Justicia por Nissen, a la que tuvo acceso Página/12.

Una de las primeras actividades públicas de la cuestionada “fundación” tuvo como protagonista central a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien fue “condecorada” (de acuerdo a la cita textual) por el policía condenado Luis Chococar. Ambos posan muy sonrientes, en la más absoluta soledad, según la foto publicada en la web de la supuesta entidad de “bien público”.

La supuesta entidad se dedica a la labor de “defender los derechos humanos” de los policías imputados en causas judiciales por gatillo fácil, que durante la gestión Bullrich se conoció como “la doctrina Chocobar”. En su página web, uno de los lemas es “Ni uno menos”. En el acto de “condecoración”, la exministra dijo que recibir un premio de manos del policía que fue condenado a dos años de prisión “en suspenso” por exceso en sus funciones era para ella “un aliento a seguir luchando en las causas de los argentinos”.

Entre los responsables de la llamada “fundación” figuran Fernando Soto y el exjuez Luis Cevasco, quienes fueron los defensores de Chocobar, en el juicio por el asesinato de Juan Pablo Kucok, en el cual fue condenado el policía que fue emblema del gobierno de Maricio Macri. Cevasco, como juez, liberó en 1995, por “falta de mérito”, al ingeniero Santos, que había asesinado a dos ladrones a los que persiguió después de que le robaran el (ahora una antigüedad) pasacasete de su auto. Ahora, la supuesta Fundación defiende al oficial subalterno Facundo Nahuel Amendolara, imputado en la causa en la que se investigan las graves heridas sufridas por Santiago Moreno Charpentier, “Chano”.

Además de la denuncia penal, Nissen hizo extensiva la presentación ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal para que tome las medidas que crea necesarias ante la conducta de los letrados Soto, Cevasco y Galeano. En el texto de la denuncia se explica que la “actuación sumarial” se inició a partir del conocimiento de notas periodísticas en las que se informaba sobre la existencia de “una serie de actividades desarrolladas por una aparente entidad de bien público denominada Fundación Chocobar”. En algunas de las publicaciones se mencionaba que la supuesta entidad presidida por Luis Chocobar recibía donaciones y que uno de los objetivos de la entidad era “defender los derechos humanos de los policías”.

Para ello ofrecen “asistencia legal, técnica, psicológica, médica, social, alimenticia, económica y toda otra necesaria” a los miembros de absolutamente todas las fuerzas de seguridad de todo el país. Lo que llamó la atención fue que “no existe registro alguno de la Fundación Chocobar”, ni como Fundación ni como Asociación Civil. Tampoco existe “ningún trámite iniciado con el fin de solicitar autorización” para poder funcionar en forma legal.

La asistencia legal, se especifica en la página web de la supuesta Fundación, será para los efectivos que “estén sometidos a procesos judiciales o administrativos con motivo y ocasión del cumplimiento del deber”. Un eufemismo para aludir a los casos de gatillo fácil o abusos cometidos por miembros de las fuerzas policiales y de seguridad en forma reiteradas, en distintos lugares del país. Para parecerse más a una Fundación, se dice que también se fomentarán “actividades culturales, recreativas y de capacitación profesional a cargo de profesionales”.

El problema es la legalidad del emprendimiento. En la denuncia se señala que en el Estatuto de la Fundación se muestra en la web un documento “que luce como una escritura pública”, pero “sin número de escritura ni nombre del escribano interviniente”. Del documento surge que “la fecha de constitución de la personería jurídica habría sido el 29 de mayo de 2021”. Los “fundadores” serían “Luis Oscar Chocobar (presidente) Fernando Oscar Soto (a cargo de la vicepresidencia), Ricardo Daniel Galeano (tesorero) y Luis Jorge Cevasco (como secretario)”.

En lo que respecta al patrimonio inicial “se menciona un aporte de los fundadores de dos millones de pesos cuyo origen sería producto de donaciones y ahorros personales”.

También se hace mención en el escrito de la denuncia que en la página web que a través de la “solapa $ Donaciones (sic), se puede acceder a diversos montos que varían desde los 300 pesos hasta los 10.000”, sugeridos para quienes aporten dinero a una entidad que carece de legalidad. Los donativos tienen que ser remitidos a la cuenta personal del policía Luis Chocobar.

En algunas notas periodísticas se dijo que Chocobar, en poco tiempo, había recibido donaciones varias veces millonarias. Lo que se sospecha es que detrás de la llamada fundación se encuentran personajes vinculados al gobierno de Cambiemos. Como parte de la investigación se hizo una visita de inspección en un departamento del cuarto piso del edificio ubicado en Corrientes 1675, de la Capital Federal.

En ese lugar “funcionaría la sede social” de la entidad y allí se hizo presente un inspector del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles de la Inspección General de Justicia. La primera visita fue el 4 de agosto y a pesar de la insistencia “no atendió nadie” el requerimiento del inspector, que dejó una nota comunicando que iría al día siguiente. Tampoco hubo respuesta alguna.

En la denuncia se señaló que esto demuestra que “una supuesta fundación” está en actividad sin tener ninguna habilitación legal y por eso se presentó la denuncia ante la Justicia para que se investigue a los responsables.