Por Felipe Yapur y Luciana Bertoia
Marcos Peña presidió una reunión con Patricia Bullrich y el entonces jefe de la Gendarmería Gerardo Otero el 12 de noviembre de 2019. Ocurrió horas antes de que partiera el Hércules C-130 con el primer contingente de gendarmes, los armamentos y las municiones que terminaron en poder de las fuerzas bolivianas que condujeron el golpe contra Evo Morales. El encuentro con la plana mayor de la seguridad argentina pone a la Casa Rosada en el centro del escándalo de impacto regional y complica la situación de la mano derecha de Mauricio Macri. Por estas horas en el Gobierno nacional evalúan realizar, con esta nueva información, una segunda ampliación de la denuncia que ya se encuentra en el fuero en lo penal económico.
En el encuentro, realizado en el despacho de Peña, participaron Bullrich con los dos secretarios de su ministerio, Gerardo Milman y Eugenio Burzaco. Además, estuvieron Otero, por la Gendarmería, junto con su secretario privado, Ramón Domínguez, el jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia y los otros titulares de las fuerzas de seguridad federales.
“La reunión pudo haberse hecho para discutir qué fuerza tenía las municiones para enviar a Bolivia”, evaluó una fuente que sigue con atención la causa. Según los documentos hallados, el 12 de noviembre de 2019 salieron los gendarmes con un complemento de 70.000 proyectiles, que fueron repartidos entre la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia. Ese mismo día, la Gendarmería gestionó la autorización para sacar esas balas antitumulto.
Como informó Página/12, Peña fue informado por Bullrich de la partida de los gendarmes. Concretamente la información fue recibida por el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, quien también mantuvo actividad vinculada a las fuerzas de seguridad el 12 de noviembre de 2019. Pompeo es uno de los mayores expertos en política internacional del PRO y uno de los funcionarios que había seguido de cerca la situación en Bolivia.
Ese mismo día, como ya había publicado este diario, Mauricio Macri recibió al canciller Jorge Faurie.
Por el momento, ni Peña ni Pompeo ni Faurie están imputados en la causa, aunque en el Gobierno no descartaban ampliar la denuncia ante el fuero en lo penal económico.
